La diputada provincial Margarita Recalde se refirió a las recientes iniciativas aprobadas por la Legislatura bonaerense vinculadas con discapacidad y destacó especialmente la adhesión a la legislación de empleo protegido. Señaló que los talleres protegidos pueden convertirse en una alternativa para jóvenes que, una vez finalizada su escolaridad, encuentran muy pocas opciones para continuar desarrollando una trayectoria laboral y social. También cuestionó el deterioro del sistema de prestaciones, el financiamiento de las obras sociales y las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad para acceder a un empleo formal.

La situación de las personas con discapacidad atraviesa una profunda crisis que excede el ámbito de la salud. El acceso a tratamientos, la educación, el trabajo, la participación social y la posibilidad de construir un proyecto de vida autónomo forman parte de una problemática que, según planteó la diputada provincial Margarita Recalde, requiere una mirada integral por parte del Estado.

En una entrevista radial, Recalde repasó las iniciativas impulsadas desde la Legislatura bonaerense y destacó que durante la última sesión se aprobaron dos leyes consideradas centrales para el sector: la adhesión a la Ley Nacional 24.901, vinculada con las prestaciones básicas para habilitación y rehabilitación de las personas con discapacidad, y la adhesión al régimen de empleo protegido.

Uno de los puntos que la legisladora consideró especialmente importante es el relacionado con los talleres protegidos, espacios que en muchos casos fueron creados y sostenidos por familias de personas con discapacidad ante la dificultad de acceder al mercado laboral.

'Es muy difícil conseguir un empleo registrado e incluso un empleo informal para las personas con discapacidad', sostuvo Recalde, al remarcar que los niveles de desocupación e informalidad dentro del sector son elevados.

Después de la escuela, ¿qué?

La problemática aparece con particular fuerza cuando una persona con discapacidad termina su escolaridad secundaria. Recalde explicó que, en muchos casos, los jóvenes finalizan la escuela alrededor de los 21 años y se encuentran posteriormente con una oferta muy limitada de espacios donde continuar su trayectoria.

Cuando no existen centros de día u otras propuestas en los distritos, explicó, muchas personas terminan permaneciendo en sus hogares. En ese contexto, los talleres protegidos aparecen como una alternativa para continuar desarrollando actividades, adquirir herramientas y sostener vínculos sociales.

Pero para la diputada el objetivo no debería limitarse a generar un espacio de contención. La perspectiva de discapacidad implica reconocer a las personas como sujetos con derecho a trabajar, desarrollar un oficio, participar de la comunidad y construir autonomía.

'Las personas con discapacidad deberían tener empleo formal', sostuvo. Sin embargo, mientras esa posibilidad no se concreta para una parte importante del sector, el taller protegido puede constituir una experiencia laboral y comunitaria relevante.

Uno de los aspectos que Recalde destacó de la legislación es que permite reconocer la trayectoria laboral desarrollada en estos espacios y posibilitar, bajo las condiciones previstas por la normativa nacional, que quienes hayan desarrollado allí su vida laboral puedan acceder a una jubilación.

La importancia de este reconocimiento radica en que esos años de actividad dejan de ser considerados simplemente como un período de participación en una experiencia comunitaria y pasan a formar parte de una trayectoria laboral reconocida.

Más talleres y mayor institucionalización

Otro de los problemas señalados por Recalde es la escasez de talleres protegidos. Según explicó, existen muchas personas que quieren incorporarse a estos espacios y no pueden hacerlo debido a la falta de cupos.

La adhesión provincial, planteó, también implica un compromiso para generar nuevos espacios y ampliar las posibilidades de participación. La intención es que haya más talleres y que esas experiencias puedan adquirir una mayor legitimidad institucional y laboral.

En ese sentido, la legisladora puso el foco también en las condiciones en las que funcionan actualmente muchos talleres. Al tratarse de experiencias comunitarias impulsadas en numerosos casos por familias y asociaciones civiles, existen situaciones de informalidad y dificultades para garantizar derechos laborales y cobertura ante accidentes.

'Esto refuerza la idea de institucionalizar estas prácticas laborales y estas trayectorias laborales de las personas con discapacidad', explicó Recalde.

Una crisis que también alcanza a las obras sociales

El otro eje legislativo mencionado durante la entrevista fue la adhesión a la Ley Nacional 24.901. Recalde explicó que uno de los principales problemas actuales se encuentra en el nomenclador que establece los valores que reciben los prestadores de discapacidad.

Según sus declaraciones, el nomenclador nacional se encuentra prácticamente trabado desde diciembre de 2023 y los incrementos posteriores quedaron por debajo de la inflación. En el caso de la provincia de Buenos Aires, afirmó que los valores abonados por las prestaciones se encuentran por debajo del nomenclador nacional.

Esta situación repercute directamente en las instituciones, los profesionales, las familias y, fundamentalmente, en las personas que necesitan las prestaciones.

Recalde señaló además que la problemática no se limita a IOMA. También involucra a otras obras sociales que funcionan en la provincia y que atraviesan dificultades financieras.

En ese marco, cuestionó el funcionamiento de los fondos destinados a financiar las obras sociales y sostuvo que las transferencias correspondientes no se estarían realizando, lo que impacta en el pago a los prestadores.

El resultado, según describió, es una cadena de dificultades: instituciones que no pueden sostener sus gastos, prestadores que cobran tarde o directamente no cobran y familias que deben afrontar tratamientos y medicamentos con recursos propios.

'Las familias con personas con discapacidad están desbordadas económicamente', señaló, y remarcó que muchas terminan endeudándose para poder afrontar medicamentos y otros gastos vinculados con la atención.

La discapacidad no termina en la infancia

Durante la entrevista también apareció una cuestión que suele quedar relegada en el debate público: qué ocurre con las personas con discapacidad cuando dejan de ser niños.

Recalde cuestionó lo que definió como una mirada 'romántica' de la discapacidad, concentrada muchas veces en la infancia, y señaló que esas personas crecen, llegan a la adolescencia y se convierten en adultos que también necesitan espacios de participación, formación, trabajo y pertenencia.

'Tal vez desarrollar un oficio, tal vez desarrollar una habilidad que le permita después alguna autonomía', fue la idea planteada durante la conversación.

Para la legisladora, la autonomía no puede reducirse a una cuestión económica. También implica que una persona pueda sentirse parte de una comunidad, tener vínculos, desarrollar actividades y construir una identidad propia.

En ese punto vinculó los talleres protegidos con otros espacios sociales, como clubes, instituciones deportivas y organizaciones comunitarias: lugares que forman parte de la identidad de las personas y de sus historias de vida.

El empleo sigue siendo una de las grandes barreras

La dificultad para conseguir un trabajo formal fue otro de los puntos centrales de la entrevista.

Recalde sostuvo que la falta de empleo no necesariamente tiene que ver con la capacidad o formación de las personas con discapacidad. Incluso mencionó que existen beneficios fiscales para las empresas que las contratan.

El problema, afirmó, está muchas veces en la falta de perspectiva de discapacidad.

Como ejemplo relató la experiencia de un joven llamado Juani, quien durante un parlamento sobre derechos políticos de las personas con discapacidad contó sus dificultades para conseguir trabajo y expresó que había recibido como respuesta que no querían contratarlo porque era 'raro'. Recalde utilizó esa experiencia para señalar que las barreras no necesariamente están en la capacidad de la persona, sino en los prejuicios y en la ausencia de políticas inclusivas efectivas.

En este sentido, explicó que se está trabajando sobre una iniciativa para modificar la ley de compras y contrataciones de la provincia de Buenos Aires, incorporando perspectiva de discapacidad.

La propuesta apunta a que las empresas, pymes y cooperativas que sean proveedoras del Estado y que incorporen personas con discapacidad o desarrollen prácticas inclusivas puedan tener prioridad en las contrataciones públicas.

El empleo con apoyo, otra herramienta

La conversación también puso sobre la mesa el denominado empleo con apoyo, un sistema en el que tutores capacitados acompañan a las personas con discapacidad durante su incorporación y desarrollo dentro del ámbito laboral.

La herramienta podría ser especialmente importante para empresas que quieren incorporar trabajadores con discapacidad pero no saben cómo hacerlo.

Recalde consideró que todavía existe poco conocimiento sobre este sistema y que es necesario acercarlo tanto a las empresas como a las personas que buscan incorporarse al mundo laboral.

La idea, sostuvo, es que la inclusión no sea solamente una contratación, sino una verdadera trayectoria laboral.

Salud mental: una problemática que preocupa

La crisis del sector también fue vinculada durante la entrevista con la salud mental.

Recalde sostuvo que, especialmente en el campo de la neurodivergencia, los índices de ideación suicida son significativamente elevados y mencionó una estimación según la cual podrían ser hasta veinte veces mayores que en personas neurotípicas. La afirmación fue realizada durante la entrevista en referencia a un informe que la entrevistadora había mencionado sobre salud mental.

Para la diputada, esta problemática no puede analizarse de manera aislada. La falta de espacios, la pérdida de prestaciones, las dificultades económicas, la discriminación laboral y la imposibilidad de proyectar un futuro forman parte de un mismo escenario.

Por eso, consideró necesario ampliar los espacios de participación y construir políticas que permitan que las personas con discapacidad permanezcan vinculadas con la comunidad durante todas las etapas de su vida.

Una discusión que atraviesa a toda la sociedad

Recalde también remarcó que la discapacidad no es una realidad que afecte exclusivamente a quienes nacen con una determinada condición. Puede aparecer a lo largo de la vida como consecuencia de accidentes, enfermedades o del propio envejecimiento.

En ese sentido, destacó la necesidad de contar con mejores estadísticas para poder diseñar políticas públicas adecuadas. Según señaló, incluso existen dificultades para conocer con precisión cuántas personas con discapacidad hay en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires.

La problemática también alcanza a los adultos mayores, una población en la que muchas veces las situaciones de discapacidad o dependencia no son reconocidas como tales.

Para la diputada, incorporar la perspectiva de discapacidad significa justamente dejar de pensarla como un área aislada y comenzar a contemplarla en todos los ámbitos de la gestión pública: salud, educación, trabajo, deporte, vivienda, seguridad social y participación comunitaria.

'El Estado se tiene que hacer cargo'

Hacia el final de la entrevista, Recalde insistió en que el Estado provincial no puede resolver por sí solo problemas que corresponden también al Estado nacional. Pero sostuvo que cuando el Estado nacional se retira, las consecuencias terminan trasladándose a otros ámbitos, especialmente a la salud y la educación públicas.

'Si el Estado se retira estamos todos en un problema', expresó.

En ese escenario, la discusión sobre los talleres protegidos adquiere una dimensión que va mucho más allá de la posibilidad de ofrecer una actividad a jóvenes y adultos con discapacidad.

Se trata, en definitiva, de reconocer que después de la escuela existe una vida que continúa y que esa vida también necesita oportunidades.

Un taller protegido puede significar aprender un oficio, relacionarse con otros, tener una responsabilidad cotidiana y sentirse parte de una institución. Pero también puede representar algo todavía más profundo: que esos años de trabajo sean reconocidos como parte de una trayectoria y que exista la posibilidad de construir un futuro con mayor autonomía.

La discusión que plantea Recalde apunta precisamente a cambiar esa mirada: dejar de pensar a las personas con discapacidad solamente desde sus necesidades de asistencia y comenzar a reconocer también sus capacidades, sus derechos, sus proyectos y su lugar dentro de la sociedad.